TERRITORIO “NEURO”: TENSIONES Y CLAVES PARA EL BIENESTAR Y LA COHESIÓN SOCIAL

“NEURO” TERRITORY: TENSIONS AND PATHWAYS TOWARD WELL-BEING AND SOCIAL COHESION

Angélica Silva-Ríos  asilvar@santotomas.cl

Universidad Santo Tomás, Chile.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2116-1087

Natalia Zañartu-Canihuante nzanartu@santotomas.cl

Universidad Santo Tomás, Chile.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3434-9721

Cómo citar este artículo / Citation: Silva-Ríos, A. & Zañartu-Canihuante, N. (2026). Territorio “Neuro”: Tensiones y claves para el bienestar y la cohesión social. Revista Científica Arbitrada de la Fundación MenteClara, Vol. 11 (435).

DOI: https://doi.org/10.32351/rca.v11.435

Copyright: © 2026 RCAFMC. Este artículo de acceso abierto es distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). Recibido: 17/08/2026. Aceptado: 20/08/2026. Publicación online: 25/08/2026.

Conflicto de intereses: Ninguno que declarar.

Resumen

En contextos donde la desigualdad territorial y las normatividades corporales y cognitivas condicionan el acceso a recursos, oportunidades y formas legítimas de participación, resulta necesario examinar cómo el espacio participa en la exclusión de las personas autistas. Este artículo teórico y de reflexión crítica propone la noción de “territorio neuro” como herramienta para analizar la relación entre producción del espacio, bienestar, cohesión social y neurodiversidad. Mediante un análisis interdisciplinario de literatura sobre territorio, discapacidad, neurodiversidad y políticas públicas, con atención al contexto chileno, se articulan perspectivas socio-relacionales, decoloniales y críticas. El análisis muestra que la planificación, el diseño territorial y las políticas públicas reproducen criterios neurotípicos de habitabilidad que generan barreras materiales, sensoriales, simbólicas y participativas. Se sostiene que la inclusión no puede reducirse a ajustes técnicos, sino que exige cuestionar las normas que jerarquizan formas de percibir, comunicarse y habitar. La noción de “territorio neuro” aporta un marco para reconocer la neurodiversidad como dimensión constitutiva de lo social y orientar territorios basados en accesibilidad sensorial, participación vinculante, diseño universal y enfoques no asistencialistas.

Abstract

In contexts where territorial inequality and bodily and cognitive norms shape access to resources, opportunities, and legitimate forms of participation, it is necessary to examine how space contributes to the exclusion of autistic people. This theoretical article develops a critical reflection and proposes the notion of “neuro territory” as a tool for analyzing the relationship between the production of space, well-being, social cohesion, and neurodiversity. Through an interdisciplinary analysis of literature on territory, disability, neurodiversity, and public policy, with particular attention to the Chilean context, the article brings together socio-relational, decolonial, and critical perspectives. The analysis shows that planning, territorial design, and public policy reproduce neurotypical criteria of habitability that create material, sensory, symbolic, and participatory barriers. It argues that inclusion cannot be reduced to technical adjustments but requires questioning the norms that hierarchize ways of perceiving, communicating, and inhabiting space. The notion of “neuro territory” provides a framework for recognizing neurodiversity as a constitutive dimension of social life and for guiding the development of territories grounded in sensory accessibility, meaningful participation, universal design, and approaches that move beyond paternalistic assistance.

Palabras Claves: bienestar; cohesión social; neurodiversidad; políticas públicas; territorio

Keywords: neurodiversity; public policy; social cohesion; territory; well-being

Introducción

El territorio, en ciencias sociales, es un concepto que permite explicar y describir el desenvolvimiento espacial de las relaciones sociales que las personas establecen en los ámbitos cultural, social, político y económico. En este artículo sostenemos que el territorio opera como un dispositivo epistémico que legitima ciertas formas de conocer y sentir, produciendo como efecto la exclusión cognitiva y sensorial de quienes no se ajustan a la normatividad. Desde una perspectiva decolonial y de psicología social crítica, se entiende que esta exclusión no es fortuita, sino que se articula a través de regímenes históricos de verdad que definen qué modos de percepción, afectación y relación con el mundo son considerados conocimiento legítimo y cuáles son relegados a la invalidez o al déficit (Maldonado-Torres, 2007; Walsh, 2013).

Desde la crítica de la colonialidad, los regímenes históricos de verdad no solo organizan jerarquías sociales, sino que también delimitan formas legítimas de sensibilidad, percepción y conocimiento (Maldonado-Torres, 2007). Segato (2018) permite profundizar esta lectura al mostrar que los órdenes de poder también se reproducen mediante pedagogías que habitúan la sensibilidad y normalizan la reducción de lo vivo a objeto. Trasladada al problema que aquí se examina, esta perspectiva permite comprender cómo la normatividad neurotípica opera como un orden de poder que distribuye quién puede ser escuchado, percibido y reconocido dentro del territorio.

Hablar de territorio no se trata únicamente de un espacio físico delimitado, sino de una construcción social que integra prácticas, significados simbólicos e identidades colectivas cuya definición puede variar según los cambios en las relaciones sociales y los enfoques disciplinares (Castillo, 2020). Así, el territorio sirve como base para comprender cómo las sociedades se apropian, organizan y transforman el espacio en función de sus necesidades y dinámicas históricas (Llanos-Hernández, 2010). Por otra parte, el territorio implica procesos de apropiación e identidad que lo diferencian del espacio geográfico porque es vivido y defendido por los grupos sociales que lo habitan, convirtiéndose en un producto de la actividad humana y en un elemento dinámico que es moldeado por la interacción entre la sociedad y la naturaleza (Giménez, 2005).

Bajo esta perspectiva, es posible concebir el territorio como una construcción socio-ecológica en la que se entrelazan factores materiales, simbólicos, afectivos y políticos (Morales et al., 2021). Este enfoque permite repensar las relaciones entre espacio, ciudadanía y bienestar desde miradas más inclusivas y críticas. Sin embargo, aún persisten formas estructurales de exclusión que afectan a ciertos colectivos, especialmente a poblaciones vulnerables como lo son las personas autistas, cuyas experiencias y necesidades siguen siendo poco consideradas en las políticas públicas y los procesos de planificación territorial.

En el presente trabajo proponemos una reflexión interdisciplinaria sobre la relación entre territorio, bienestar y cohesión social, situando a la población autista como sujeto político y territorial. Desde un enfoque que reconoce al territorio como construcción socio-relacional, analizamos críticamente cómo las configuraciones actuales de los espacios locales reproducen formas normativas de habitabilidad que, con frecuencia, excluyen o invisibilizan las formas de existencia neurodivergentes. El objetivo es visibilizar las tensiones que enfrentan las personas autistas en los territorios que habitan e identificar claves para el diseño de políticas públicas territoriales más inclusivas basadas en el reconocimiento de la neurodiversidad como dimensión constitutiva del tejido social.

En este marco, sostenemos que el bienestar territorial debe entenderse como una construcción situada y plural, co-creada desde el reconocimiento y la validación de las diferencias cognitivas, sensoriales y relacionales, toda vez que el bienestar no se produce únicamente a nivel individual, sino también en las formas de “estar bien juntos” dentro de contextos sociales y espaciales específicos (Atkinson et al., 2020). El desplazamiento propuesto consiste en sacar al autismo del lugar de “condición individual” y situarlo como una clave para comprender cómo se producen los mundos que habitamos y quiénes quedan adentro o afuera del mismo. De esta forma, se sostiene que el territorio no es solo superficie ni infraestructura, sino una ontología relacional en la que lo neurotípico funciona como criterio silencioso de legitimidad del habitar.

Lugones (2008) muestra que la modernidad colonial organiza la diferencia mediante clasificaciones binarias y jerárquicas que distribuyen de manera desigual humanidad, reconocimiento e inteligibilidad. Su planteamiento permite examinar cómo el territorio materializa órdenes de normalización que autorizan determinadas formas de habitar y relegan otras, en línea con la crítica aquí desarrollada sobre la normatividad neurotípica. En este marco, la neurodiversidad cuestiona las ontologías hegemónicas y abre espacio para formas plurales de percibir, relacionarse y habitar el territorio.

La noción de “territorio neuro” propuesta no es un concepto técnico, sino una lente epistémica para observar cómo se producen, regulan y jerarquizan las formas de sentir, percibir y conocer en el espacio social. No se trata de sugerir “ajustes” para incluir a quienes no encajan en la norma, sino de revelar que la norma misma funciona como una tecnología de exclusión y que dicha exclusión es epistémica antes que arquitectónica (Campbell, 2009; Kitchin, 1998).

Como artículo teórico y de reflexión crítica, este trabajo no busca producir resultados empíricos ni realizar una revisión sistemática. Su estrategia consiste en una lectura crítica e interdisciplinaria de literatura seleccionada por su pertinencia conceptual para articular seis núcleos: territorio, bienestar, cohesión social, neurodiversidad, discapacidad y políticas públicas. El análisis pone en diálogo aportes clásicos y contemporáneos con el marco jurídico chileno, con el propósito de identificar supuestos neurotípicos de habitabilidad y derivar implicaciones para la planificación territorial. En consecuencia, las claves propuestas corresponden a elaboraciones teórico-críticas y no a hallazgos generalizables de un estudio empírico.

Este artículo se estructura en cinco secciones. Primero examina el territorio como construcción socio-relacional. Luego aborda el vínculo entre bienestar territorial y políticas públicas. Más adelante analiza las barreras y tensiones que enfrenta la población autista en su relación con el territorio. Posteriormente propone claves para avanzar hacia una planificación inclusiva desde la noción de “territorio neuro”. Finalmente presenta conclusiones sobre los desafíos y posibilidades de integrar la neurodiversidad en la construcción de territorios cohesionados y equitativos.

Territorio como construcción socio-relacional

Comprender el territorio implica alejarse de concepciones que lo reducen a una superficie física, neutra y estática. En cambio, se lo entiende como una construcción socio-relacional atravesada por estructuras de poder, prácticas culturales y vínculos afectivos. Esta perspectiva reconoce que el territorio no solo delimita espacios, sino que organiza la vida en común y condiciona quiénes pueden habitarlo plenamente y bajo qué circunstancias (Haesbaert, 2013).

El territorio se constituye como una red dinámica en la que convergen elementos como infraestructuras, modos de ocupación del suelo, recursos naturales, memorias colectivas, sentidos de pertenencia y prácticas culturales que moldean el habitar. Desde esta mirada, los espacios no existen con independencia de las relaciones sociales que los habitan, sino que son producidos histórica y culturalmente mediante prácticas, discursos y conflictos que expresan formas de poder y desigualdad (Harvey, 2003; Santos, 2000).

Por ello, el territorio no es solo un soporte sobre el que se implementan políticas públicas, sino un espacio vivido y producido socialmente (Lefebvre, 2013), marcado por tensiones entre distintos actores y visiones del mundo. En este enfoque, el territorio se configura como un entramado simbólico y material donde se expresan pertenencias, exclusiones, normatividades y diferencias. Como plantea Lefebvre (2013), el espacio es producido socialmente y refleja las relaciones de poder que estructuran una sociedad. Así, los territorios se convierten en escenarios de disputa en torno a los sentidos legítimos del habitar, los cuerpos reconocidos y las formas normativas de interacción.

Para las personas autistas estas dinámicas territoriales suponen barreras que exceden lo físico y lo funcional. La configuración de los espacios sociales, tanto en contextos urbanos como rurales, suele responder a expectativas neurotípicas de comportamiento, comunicación y percepción sensorial, lógicas que pueden inducir experiencias de aislamiento, estrés o alienación (Milton, 2012). Bajo estas condiciones, el territorio puede volverse un espacio hostil cuando no reconoce ni acoge la diversidad neurocognitiva de sus habitantes.

En este contexto, el sentido de pertenencia entendido como la posibilidad de sentirse parte de una comunidad y habitar un espacio desde el reconocimiento mutuo, se ve condicionado por el grado en que el territorio permite la expresión de formas diversas de ser y relacionarse. Como señala Fraser (2000), la justicia social requiere no solo redistribución material, sino también reconocimiento cultural y simbólico. La ausencia de este reconocimiento en la planificación territorial reproduce exclusiones, invisibilizaciones y debilita los lazos de cohesión social.

Repensar el territorio desde una perspectiva inclusiva exige no solo adaptar infraestructuras, sino transformar las estructuras sociales que determinan quiénes son considerados ciudadanos plenos. De esta manera, integrar la neurodiversidad en el análisis territorial implica reconocer que la cohesión social no se alcanza mediante la coexistencia pasiva, sino a través de procesos deliberados de inclusión, escucha y co-construcción del espacio común (Soja, 2010).

Desde esta óptica, es relevante detenerse a repensar el diseño de políticas públicas y modelos de desarrollo territorial incorporando una noción ampliada de bienestar que no se limite a indicadores económicos, sino que considere la calidad del habitar, la diversidad sensorial y relacional, y las múltiples formas de interacción con el entorno (Atkinson et al., 2020; Nussbaum, 2012; Sen, 2000). En el caso de las personas autistas, esto implica reconocer que el bienestar está profundamente ligado a la posibilidad de habitar espacios no hostiles para sus estilos de percepción, comunicación y relación (Walker, 2021).

Es relevante visibilizar cómo las formas de organización territorial, desde la planificación urbana hasta el diseño de espacios públicos, responden a lógicas sociales dominantes que definen qué cuerpos, sensibilidades y modos de habitar son considerados legítimos (Imrie, 1996; Kitchin, 1998). Las normas implícitas de funcionalidad, productividad y eficiencia que operan en los entornos urbanos tienden a excluir corporalidades y formas de percepción que no se ajustan a esas expectativas, tal como ocurre con muchas personas autistas (Milner & Kelly, 2009). Estas exclusiones, aunque a veces imperceptibles, se manifiestan en la manera en que se diseñan los espacios, los tiempos, los ritmos y las exigencias de la vida cotidiana (Botha et al., 2023).

Esta comprensión del territorio como entramado socio-relacional exige considerar que las formas de habitar no son solo experiencias espaciales o atributos individuales, sino condiciones que habilitan o restringen el bienestar integral. Así, la manera en que un territorio distribuye accesos, ritmos, sensibilidades y expectativas normativas define, de forma directa, la posibilidad misma de experimentar el bienestar territorial de todos sus habitantes.

Bienestar territorial y políticas públicas

Tradicionalmente, el bienestar social ha sido abordado desde enfoques centrados en el crecimiento económico y el acceso a bienes materiales. Sin embargo, autores como Amartya Sen (2000) plantean la necesidad de ampliar esta noción, destacando la importancia de las libertades sustantivas que permiten a las personas vivir vidas que valoran. Desde esta perspectiva, el bienestar social no puede reducirse a indicadores económicos, sino que debe considerar la capacidad de los individuos para participar plenamente en la vida social, ejercer su agencia y habitar espacios donde se sientan seguros, reconocidos y conectados (Atkinson et al., 2020).

En este marco, el bienestar territorial aparece como una construcción situada que integra, dimensiones materiales, como vivienda, infraestructura y servicios; dimensiones simbólicas, como el sentido de pertenencia y la identidad colectiva; y dimensiones relacionales, como son la interacción con el entorno y con otras personas. De esta manera, el bienestar territorial supone el derecho a habitar territorios accesibles, inclusivos y significativos, donde la diversidad de modos de vida y sensibilidad sea respetada y valorada (Atkinson et al., 2020).

Las políticas públicas territoriales, especialmente en áreas como la planificación urbana, la distribución de servicios y la participación, son fundamentales para garantizar o restringir el bienestar. Sin embargo, muchas veces estas políticas operan desde una lógica homogeneizante que reproduce criterios de normalidad y funcionalidad excluyentes (Imrie, 1996; Walker, 2021) dado que los indicadores que orientan la toma de decisiones suelen basarse en promedios poblacionales y omiten dimensiones cualitativas vinculadas a la experiencia del habitar. Esta omisión invisibiliza la realidad de colectivos como el de las personas autistas, cuyas necesidades, entre ellas entornos predecibles, baja estimulación sensorial o formas alternativas de participación, son sistemáticamente ignoradas en diagnósticos y estrategias territoriales (Runswick-Cole, 2014).

Repensar las políticas públicas desde un enfoque de neurodiversidad territorial implica cuestionar las nociones de eficiencia, productividad o accesibilidad universal que han dominado la planificación. También supone ampliar las formas de participación ciudadana mediante metodologías que permitan a personas neurodivergentes expresar sus experiencias, perspectivas y propuestas, incluso cuando estas no se ajustan a los códigos normativos de comunicación y deliberación (Pellicano et al., 2014).

La comunidad de personas autistas chilenas, junto con sus familias y cuidadores, surge como una forma de reacción ante la falta de oportunidades, la discriminación y la segregación cotidiana. Los riesgos asociados a la condición autista suelen ser absorbidos por sus redes de apoyo, lo que genera frustración y una sensación generalizada de abandono. Esta situación moviliza al colectivo a exigir nuevas formas de relación, distintas a la hegemonía de la norma, lo que cuestiona la lógica neoliberal que ha oprimido y excluido a las personas en situación de discapacidad (Suazo Paredes, 2021).

La presión social derivada de este activismo tuvo un efecto concreto en la promulgación de la Ley N.º 21.545 (2023), que bajo un enfoque de derechos busca igualar oportunidades, promover un trato digno y fomentar la autonomía, incorporando además la perspectiva de género. Este nuevo marco jurídico se alinea con la visión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2021), cuyo enfoque se basa en los Derechos Humanos, la universalidad, la no discriminación y la atención prioritaria a grupos vulnerables.

En Chile, la Ley N.º 21.545 (2023) representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de las personas autistas al establecer principios como accesibilidad, inclusión y participación social. No obstante, la ley enfrenta importantes desafíos en su implementación, especialmente en su aplicación a nivel territorial. La falta de lineamientos específicos sobre cómo adaptar los espacios, servicios y procesos de planificación local a las necesidades del colectivo autista evidencia una brecha entre el marco legal y su traducción en políticas públicas efectivas.

Para que esta legislación se convierta en una herramienta real de equidad territorial, es necesario avanzar en la generación de instrumentos normativos, indicadores sensibles a la diversidad neurocognitiva y espacios de co-diseño en los que las personas autistas y sus comunidades puedan incidir activamente. De lo contrario, la ley corre el riesgo de quedar en el plano declarativo sin transformar las condiciones materiales y simbólicas que sostienen la exclusión cotidiana en los territorios.

La complejidad del bienestar territorial adquiere una dimensión crítica cuando se examina su traducción en políticas públicas. Si el bienestar depende de condiciones que permiten habitar con dignidad y reconocimiento, entonces las políticas públicas producen los marcos posibles del habitar. El caso chileno ilustra tensiones entre un marco inclusivo y capacidades reales de los territorios para acoger la diversidad.

Población autista y territorio: exclusiones, barreras y tensiones

Como ya se ha mencionado, la planificación urbana y las políticas sociales históricamente han invisibilizado la existencia y las necesidades de las personas neurodivergentes, incluidas las personas autistas. Esta exclusión no siempre ha sido intencional, aunque sí sistemática. Se ha asumido una norma funcional y sensorial del habitar basada en la norma, lo que ha llevado a diseñar espacios pensados para un tipo específico de cuerpo, mente y forma de interacción (Botha et al., 2023; Imrie, 1996). Como resultado, la mayor parte de los entornos presenta barreras que dificultan o impiden la plena participación de las personas autistas en la vida comunitaria, evidenciando cómo el entorno construido no es neutral, sino que reproduce formas de exclusión al privilegiar ciertos modos de habitar sobre otros (Boys, 2017).

Así, la experiencia territorial de las personas autistas está marcada por barreras estructurales que dificultan su participación social. Estas barreras no se limitan a la accesibilidad física, sino que se expresan en formas más profundas de exclusión relacionadas con el estigma, la invisibilización y la organización del espacio según normas neurotípicas que determinan quién puede habitar legítimamente un territorio y de qué manera. Las barreras sociales y simbólicas, asociadas a la estigmatización, el prejuicio o la patologización de conductas neurodivergentes, refuerzan la exclusión mediante normas implícitas sobre cómo las personas  deben comportarse o comunicarse en el espacio público (Casaú Guirao et al., 2021).

Desde la perspectiva de la neurodiversidad, los entornos sociales y espaciales imponen condiciones que con frecuencia no reconocen ni acogen la diferencia. En esta línea, es importante considerar lo mencionado por Bagatell (2007), quién plantea que la identidad autista no se construye únicamente a partir de características individuales, sino en interacción con contextos sociales que imponen narrativas patologizantes y homogéneas sobre lo que significa ser funcional o capaz. Estas narrativas influyen directamente en la configuración de los espacios educativos, laborales, comunitarios y urbanos, excluyendo formas alternativas de comunicación, percepción y relación.

En el plano territorial, estas exclusiones se manifiestan en múltiples niveles. Entre ellos se encuentran la ausencia de espacios públicos sensorialmente accesibles, la escasa representación de personas autistas en procesos de participación ciudadana o planificación urbana; la segmentación de servicios de apoyo en zonas específicas que limitan la autonomía y la movilidad; y la falta de políticas que aborden las necesidades de la población autista desde una perspectiva situada y no asistencialista. Estas condiciones fragmentan el tejido social y dificultan la construcción de vínculos comunitarios sostenibles, en tanto restringen la participación efectiva y la experiencia cotidiana del habitar en condiciones de bienestar (Pellicano et al., 2014; Robertson & Simmons, 2015).

La estigmatización social asociada al autismo contribuye a generar dinámicas de segregación, aislamiento e invisibilización. Botha y Frost (2020) señalan que la experiencia de exclusión social se ve agravada por la presión constante de adaptarse a contextos normativos, lo que produce tensión identitaria y emocional que afecta negativamente el bienestar y el sentido de pertenencia. Esta situación refuerza una forma de ciudadanía condicionada en la que el acceso al espacio común está mediado por la capacidad de ajustarse a expectativas dominantes.

Estas exclusiones expresan tensiones entre las formas normativas de habitar el espacio y las experiencias autistas del mundo. En este marco, la cohesión social debe entenderse como un proceso que requiere el desmontaje activo de las barreras estructurales que impiden a ciertos colectivos participar plenamente en la vida social y territorial. Para la población autista, esto implica no solo garantizar derechos formales, sino transformar los marcos culturales, institucionales y espaciales que sostienen su exclusión sistemática (Young, 2000). En este sentido, reconocer la diversidad neurocognitiva como parte legítima del tejido social, es una condición esencial para avanzar hacia territorios inclusivos donde las personas no sean únicamente objetos de intervención, sino agentes de transformación (Robertson & Ne’eman, 2008).

El urbanismo y la política territorial han operado desde paradigmas capacitistas que consideran la capacidad de moverse, producir, interactuar o expresarse de manera eficiente como requisito básico para ser reconocido como ciudadano pleno (Campbell, 2009). En este sentido, el territorio no excluye solo por sus estructuras materiales, sino también por las expectativas culturales de normalidad, productividad y adaptación que con frecuencia invisibilizan o invalidan otras formas de estar y significar el entorno.

Reconocer estas realidades implica descentrar la mirada del déficit individual y enfocarse en los entornos como constructores, o limitadores, de ciudadanía. Desde la perspectiva de la neurodiversidad, la inclusión territorial no consiste únicamente en eliminar barreras físicas, sino en reconfigurar los territorios a partir del respeto por las diferencias cognitivas, sensoriales y comunicativas. En suma, se trata de comprender que no existe una única manera válida de habitar, percibir o relacionarse con el espacio (Walker, 2021).

Estas formas de exclusión territorial también pueden comprenderse desde marcos de la psicología social que, articulados con una lectura crítica, permiten examinar cómo la categorización intergrupal y la exposición sostenida al estigma afectan el bienestar, la ciudadanía y el sentido de pertenencia de las personas autistas.

Desde la teoría de la identidad social (Tajfel & Turner, 1979), las dinámicas de exclusión descritas pueden entenderse como el resultado de procesos de categorización que refuerzan la diferencia entre un “nosotros” normativo y un “ellos” divergente. Al percibirse como parte de un grupo minoritario, las personas autistas enfrentan barreras adicionales para acceder a formas plenas de ciudadanía y pertenencia territorial. Estas tensiones se intensifican en contextos donde las diferencias neurológicas se interpretan como déficits, lo que limita oportunidades de participación y profundiza la distancia emocional entre grupos neurotípicos y neurodivergentes.

Asimismo, la teoría del estrés de las minorías (Meyer, 2003) permite comprender cómo la discriminación cotidiana, el rechazo social y la invisibilización afectan negativamente la salud mental y el bienestar de las personas autistas. Este estrés crónico no deriva de la condición autista en sí misma, sino de condiciones sociales adversas. Como señala Botha (2020), el entorno hostil genera una doble carga: la lucha por adaptarse a un sistema normativo y la exposición constante al prejuicio, la microagresión y la invalidación.

Consideradas conjuntamente, ambas perspectivas muestran que el territorio no solo distribuye recursos y posibilidades de acceso, sino también reconocimiento, pertenencia y exposición al estrés social. La exclusión territorial puede entenderse, entonces, como un proceso que incide simultáneamente en las condiciones materiales del habitar y en las relaciones intergrupales que sostienen o debilitan la cohesión social.

Claves para un territorio “neuro”: hacia una planificación inclusiva

Pensar en territorios inclusivos desde una perspectiva neurodiversa requiere un giro paradigmático en las formas tradicionales de planificación urbana y territorial lo que implica considerar la pluralidad de cuerpos, percepciones y modos de habitar el espacio (Imrie, 2012), reconociendo y valorando la diversidad neurocognitiva como una dimensión constitutiva de lo social.

Estas claves no deben entenderse como orientaciones operativas, sino como expresiones del giro epistémico que propone la noción de territorio neuro. Cada principio responde a una crítica mayor sobre cómo los territorios producen normalidad y silencian ciertos modos de existencia. Frente a ello, resulta necesario avanzar hacia una planificación que incorpore principios de accesibilidad sensorial, diseño universal, participación activa de personas autistas en la toma de decisiones y co-creación de políticas públicas basadas en experiencias situadas. Estos principios se articulan con enfoques críticos del diseño y la planificación que reconocen el carácter no neutral del entorno construido (Boys, 2017), así como con perspectivas que enfatizan la necesidad de incluir las voces de las personas autistas en la definición de prioridades y políticas que afectan sus vidas (Pellicano et al., 2014).

La evidencia reciente derivada de evaluaciones ambientales lideradas por personas autistas en aeropuertos refuerza esta orientación: la accesibilidad de los espacios públicos requiere combinar ajustes sensoriales, comunicación clara, orientación espacial y participación directa de las personas autistas en el diseño (Edwards et al., 2025).

El concepto de accesibilidad sensorial enfatiza la necesidad de considerar los impactos del entorno físico en los sentidos y en la experiencia emocional de quienes lo transitan. Las personas autistas suelen enfrentar dificultades en espacios con sobrecarga de estímulos visuales, auditivos o táctiles, lo que puede generar ansiedad, desconexión o evitación del espacio público (Robertson & Simmons, 2015). Diseñar entornos con zonas de calma, iluminación modulada, materiales acústicos adecuados y circulación predecible no solo mejora la calidad de vida de esta población, sino que también contribuye a generar espacios más habitables e inclusivos para la comunidad en general, en la medida en que cuestiona los supuestos normativos del diseño y amplía las formas legítimas de habitar (Boys, 2017).

El diseño universal busca construir espacios utilizables por la mayor diversidad posible de personas sin necesidad de ajustes posteriores (Steinfeld & Maisel, 2012). Esta perspectiva es ética y eficiente porque evita exclusiones estructurales y disminuye brechas de acceso. Además, desplaza la idea de que la accesibilidad es una adaptación marginal para casos excepcionales y la reformula como un criterio de justicia espacial.

La participación activa de personas autistas en los procesos de diseño y planificación territorial exige superar modelos asistencialistas que reducen su presencia a una consulta simbólica y avanzar hacia formas de gobernanza participativa en las que la voz de las personas neurodivergentes tenga capacidad de incidir y transformar. En esta línea, distintos enfoques han enfatizado la necesidad de involucrar directamente a las personas autistas en la definición de prioridades y en la toma de decisiones que afectan sus vidas (Pellicano et al., 2014). Asimismo, desde una perspectiva del desarrollo como expansión de capacidades, los territorios pueden entenderse como estructuras que habilitan o restringen las posibilidades de acción y participación de las personas (Sen, 2000).

En este sentido, un territorio inclusivo es aquel que permite a todas las personas, independientemente de su configuración neurológica, desarrollar vínculos, ejercer ciudadanía, participar en la vida cultural y sentirse parte de un espacio común. Soja (2010) plantea que la justicia espacial no puede desvincularse de la justicia social. Por ello, sin condiciones materiales, afectivas y simbólicas que posibiliten el habitar, no existe inclusión real.

Avanzar hacia territorios “neuro” no es únicamente una cuestión técnica o arquitectónica. Implica un compromiso político con la transformación de las formas en que se entiende el espacio, la comunidad y el bienestar. Este enfoque exige reconocer que los obstáculos para la inclusión no son solo materiales, sino también simbólicos y relacionales.

Superar estas dinámicas requiere transformar no solo la infraestructura urbana, sino también las relaciones sociales y simbólicas que sustentan definiciones hegemónicas de normalidad y aceptabilidad dentro del espacio colectivo. En este marco, promover territorios inclusivos implica avanzar hacia procesos de reconocimiento, redistribución y reparación que desmantelen imaginarios que sitúan a las personas autistas como sujetos periféricos o problemáticos (Fraser, 2000). La cohesión social solo puede sostenerse desde la apertura a la diferencia y no desde la homogeneidad impuesta.

En este sentido, se proponen tres aportes epistémicos centrales. En primer lugar, releer el territorio como una ontología relacional atravesada por criterios de normalización neurotípica que definen quién puede habitar legítimamente un espacio. En segundo lugar, desnaturalizar la idea de que la exclusión territorial del colectivo autista es un problema asociado a “adaptaciones técnicas”, mostrando que se trata de un efecto de producción de verdad. Y en tercer lugar, levantar la noción de “territorio neuro” como un giro conceptual que permite reinstalar la neurodiversidad en el centro de la discusión epistémica sobre territorio, desplazándola del lugar periférico y asistencialista hacia un espacio de disputa ontológica y política.

Conclusión

Este artículo ha propuesto una mirada crítica e interdisciplinaria sobre la relación entre territorio, bienestar y población autista. La argumentación desarrollada muestra cómo las configuraciones espaciales, sociales y simbólicas del entorno reproducen formas estructurales de exclusión que afectan directamente la posibilidad de habitar en condiciones de dignidad y reconocimiento. Lejos de concebir el territorio como una superficie neutral, defendemos que se trata de una construcción sociocultural atravesada por relaciones de poder, normas culturales y estructuras institucionales que determinan quién pertenece, quién queda fuera y en qué condiciones.

En esta línea, la cohesión social no puede entenderse como un proceso pasivo. Exige desmontar barreras físicas, normativas y simbólicas que obstaculizan la participación plena en la vida colectiva. Los marcos de la psicología social empleados, como la teoría de la identidad social (Tajfel & Turner, 1979) y la teoría del estrés de las minorías (Meyer, 2003), permiten comprender que el malestar experimentado por las personas autistas en los espacios públicos no es individual ni inevitable, sino que responde a procesos de categorización, estigma y desigualdad que se materializan territorialmente. Esta lectura vincula la experiencia subjetiva del malestar con condiciones colectivas de participación, reconocimiento y cohesión social.

Avanzar hacia un territorio “neuro” implica repensar los fundamentos de la planificación urbana y las políticas públicas. Incorporar principios como accesibilidad sensorial, diseño universal y participación activa de personas autistas no solo transforma las condiciones materiales del entorno, sino que redefine los criterios de justicia espacial y social.

En última instancia, desde el paradigma de la neurodiversidad, los territorios inclusivos no son aquellos que eliminan la diferencia, sino los que la reconocen como una dimensión legítima de la vida colectiva (Walker, 2021). Construir espacios donde la diversidad neurocognitiva sea reconocida, respetada y visibilizada constituye una condición esencial para lograr un bienestar integral y una cohesión social sostenida en la equidad. Disputar el territorio implica disputar también los criterios epistémicos mediante los cuales definimos qué modos de percepción y procesamiento cognitivo se reconocen como conocimiento válido.

La neurodiversidad interpela no solo protocolos de inclusión, también cuestiona las ontologías y las formas de verdad que sostienen la legitimidad del saber en las ciencias sociales contemporáneas.

De este modo, avanzar hacia territorios neuro demanda transformar criterios de planificación y los modos en que las ciencias sociales han conceptualizado la diferencia. Futuras investigaciones deben ampliar la comprensión de la neurodiversidad como componente estructural de la vida colectiva.

Declaración de Autoría

De acuerdo con la taxonomía CRediT, ambas autoras participaron en igual proporción (50% cada una) en las siguientes funciones: conceptualización; metodología; investigación; análisis formal; redacción del borrador original; y redacción, revisión y edición. Ambas autoras aprobaron la versión final del manuscrito y asumen responsabilidad por su contenido.

Referencias

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