Revista Científica Arbitrada de la Fundación MenteClara

1. Introducción

En México ha tomado relevancia en los últimos años el tema de inclusión de los pueblos originarios y minorías sobre todo a partir de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas en 2012, en cuanto adoptar medidas efectivas para la plena participación de la población indígena en la toma de decisiones públicas, tanto de las instituciones de representación política y de la administración pública (Roiz- Elizondo, 2020).

Se reconoce los avances en esta materia en los estados de Oaxaca, Chiapas y Yucatán donde se ha garantizado el respeto a la autodeterminación y en donde las comunidades indígenas organizan sus elecciones con normas internas, conocidos como de “Usos y Costumbres” y desde el ámbito federal se adoptado un criterio de concentración poblacional para la obtención de la representatividad en comunidades congregadas en ciertos territorios (Roiz- Elizondo, 2020). Este avance según este autor representa un mínimo porcentaje respecto a la población indígena que constituye el 21. 5 % del total del país.

No obstante lo anterior queda pendiente la inclusión de las minorías que no se encuentran en esta categoría y muchas de ellas dispersas y migrante como en los estados de Nievo León y Tamaulipas por poner solo un ejemplo. A pesar de esto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la sentencia SUP-REC-28/2019, relativa a Baja California ha dado los primeros inicios hacia un esquema distinto al de concentración poblacional según lo establece Roiz-Elizondo (2020).

2. La minoría de minorías en las universidades interculturales como caso de estudio

A principio de este siglo en México han surgido las universidades indígenas e interculturales, la primera fue creada en el norte de Sinaloa en el poblado de Mochucahui en el municipio de El Fuerte como lo es la Universidad Autónoma Indígena de México, en donde aglutina a población estudiantil en edad de votar de diferentes etnias del país -aproximadamente unas 15 etnias de todo el país al inicio de sus actividades-, cifra que ha venido creciendo en los últimos años.

Este sector de la población de pueblos originarios dejan su lugar de origen para migar hacia otros estados para continuar con su formación educacional, en este caso profesional, pero con ello dejan sus usos y costumbres para adaptarse a otra realidad o cosmovisión que no les pertenece, excepto, a la en donde se establecen este tipo de universidades, pero que cuando están buscando nuevas oportunidades de trabajo al egresar dejan también sus pueblos originarios por la falta de empleo en sus comunidades, y no todos regresan a atender los problemas de sus lugares de origen y a tener la oportunidad de elegir a sus gobernantes; si no que se concentran en un buen porcentaje en ciudades medianas y grandes donde hay mayores oportunidades de empleo según sus profesiones y en algunos casos se van a otros países a trabajar no solo en aspectos relacionados a su quehacer profesional, si no en trabajos diferentes a los que ellos fueron preparados.

Esta parte integrante de diferentes pueblos originarios a su edad de poder emitir su voto para elegir representantes populares, obtiene su carnet de identificación del Instituto Nacional Electoral (INE) primero para utilizarla como medio de identificación y que luego también lo utilizaran para emitir su voto en los lugares donde trabajan o han sido formados profesionalmente. Estas minorías no cuentan con los elementos jurídicos electorales para poder ejercer su derecho de votar , para elegir a sus representantes gobernantes indígenas por lo que vienen ejerciendo su derecho al voto generalmente por representantes del pueblo mestizos ajenos a sus deseo y aspiraciones como las deben tener en sus pueblos de origen, esto es lo que se le puede llamar la minoría de las minorías, dado a que la primer minoría se representa por los participantes indígenas en derecho de votar en sus pueblos, pero ellos al ser apartados de sus lugares de origen por diferentes razones se convierten en una nueva clase de minoría relacionado a su anterior minoría de sus pueblos, convirtiéndose en una minoría migrante. Estas encajan según Sonnleitner (2020) dentro delas asignaturas pendientes de la democracia mexicana, en donde se destaca la falta de inclusión política de las poblaciones indígenas, siendo uno de las partes más marginados y discriminadas de una de las naciones pluriétnicas a las que esta incluido México, entre otros pueblos latinoamericanos. Según Sonnleitner (2020), a pesar de la nutrida participación electoral de muchos pueblos indígenas se sigue teniendo un rezago en su representación legislativa, que se asocia con prácticas multifacéticas de discriminación y de exclusión cultural, social y económica.

En 2017 el INE aprobó un acuerdo general para que los partidos políticos respeten la paridad de género y a la presentación de candidaturas indígenas para las diputaciones federales en doce de los 28 distritos uninominales con más de 40 por ciento de población indígena (INE, 2017). Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó dicho acuerdo y amplió las candidaturas obligatorias a trece distritos con más de 60 por ciento de población indígena (TEPJF, 2017) (Sonnleitner, 2020).

El primero de julio de 2018 se registró un avance histórico en materia de representación femenina, con la elección de 49.2 por ciento de legisladoras en la Cámara de Diputados y 50.8 por ciento de legisladoras en el Senado de la República. En el ámbito de la inclusión política indígena, sin embargo, los resultados presentan claroscuros Sonnleitner (2020).

A pesar de estos avances aún existen dificultades, lo cual se debe a la heterogeneidad interna y a la dispersión territorial de los pueblos indígenas en muchos distritos en las que éstas no son mayoritarias, y a la ambigüedad de los criterios de registro y a las características de la oferta política (Sonnleitner (2020). Aunque en 2018 es cuando se da la mayor participación en las votaciones en sus regiones indígenas.

A pesar de los avances en materia de inclusión de los pueblos indígena en las participación electoral, que de hecho son minoría, aún falta tomar en cuenta a la minoría de esas minorías migrantes que se encuentran tanto fuera como dentro del país, ya sea por razones de trabajo o estudio como es el caso de los estudiantes que aspirar seguir su formación en las instituciones de educación de manera general y específicamente en las universidades interculturales de México.

Existen algunos ejemplos en el país en el avance de este tipo de minorías como lo es en estado de Nuevo León por ejemplo.

Faltaría pues aglutinar esas minorías dispersas y migrantes en las ciudades principalmente y en el extranjero, para que de manera organizada y con leyes electorales que beneficien a este sector se pueda avanzar en la democracia electoral tan anhelada en México, en donde se pretende con las actuales disposiciones del gobierno federal que nadie se quede atrás y sobre todo cuando se trata de tomar daciones de elección de gobernantes que ralamente representen a esta clase marginada de la población pluricultural en México.

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es la heterogeneidad interna de la categoría étnico-lingüística, la cual contiene un conjunto de poblaciones con comportamientos fuertemente diferenciados y a veces diametralmente opuestos, que deberían ser estudiados en sus contextos socioterritoriales específicos (Sonnleitner, 2020).

Si en las universidades interculturales se diera el caso de estar conformadas por estudiantes de una misma comunidad indígena y lenguaje serán más fácil los sistemas de organización participativa electoral, pero como existen diferentes comunidades y lenguas indígenas esto se convierte en un aspecto más complejo al momento de querré ejercer su voto por sus representantes indígenas locales y no quedarles otra opción que votar por candidatos mestizos en su mayoría en vez de candidatos indígenas que tengan su misma cosmovisión e ideales políticos y culturales. Con lo que conlleva a obligar a situar las identidades indígenas en distintos contextos geográficos, demográficos, económicos y socioculturales. (Sonnleitner, 2020).

Una de las opciones es crear una circunscripción federal plurinominal reservada para candidaturas indígenas, para promover la representación legislativa de las poblaciones indígenas y afromestizas. Otra opción sería generar incentivos para que los partidos incluyan a candidatos indígenas en sus listas de representación proporcional, “Asimismo, cabe citar la experiencia exitosa de “malaporcionamiento afirmativo” de Panamá, donde la creación de circunscripciones con dos o tres escaños en las comarcas indígenas permite sobre representarlas con respecto a los circuitos uninominales mestizos” (Sonnleitner, 2010). “O se podría aprovechar que México cuenta con un sistema de representación mixto, por lo que la ingeniería electoral abre muchas posibilidades para combinar mecanismos mayoritarios -para aquellas comunidades que residen en territorios indígenas- y proporcionales -para quienes residen en contextos mixtos o mestizos-” (Sonnleitner, 2010).

Por otra parte las universidades interculturales tienen un inicio que obedeció a los esfuerzos de los estados latinoamericanos para superar la exclusión social y cultural de los pueblos indígenas a principios de este siglo que se han concentrado en el pluralismo institucional con las de elecciones municipales en los usos y costumbres en Oaxaca en México , del pluralismo legal en las constituciones de Bolivia y Colombia y la educación bilingüe en escuelas primarias de Bolivia y Ecuador (Van Cott, 2000) (López y Sichra 2004) (Noel, 2006) (Recondo, 2007) (Gustafson, 2009) (Lehmann, 2015). Rappaport (2005), menciona que la interculturalidad ha sido “preparada como una plataforma para conectar campos como la educación indígena bilingüe con los objetivos políticos del movimiento en pro de los derechos de las poblaciones nativas”. “La interculturalidad acaba siendo un campo, o una arena, donde se debaten distintos proyectos políticos en torno al destino de los pueblos indígenas o más bien al destino de sociedades que manifiestan escisiones raciales, étnicas, culturales y lingüísticas” (Lehmann, 2015).

Ante las minorías de minorías aquí ejemplificadas con el tema de los estudiantes y egresados de las universidades interculturales se le suman el desplazamiento de indígenas a ciudades importantes como son las que se encuentran en la frontera, principales puertos turísticos y ciudades industrializadas, así como en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos y Canadá y una menor proporción en diferentes países del mundo que por motivos de trabajo. Ahora bien, los hijos de estos indígenas o los que nazcan en esas nuevas tierras ajenas a su cosmovisión llegará el momento que tienen que estudiar y trabajar fuera de las comunidades indígenas de donde provienen; los cuales a su mayoría de edad tiene que ejercer su derecho al voto donde eligen candidatos ajenos a sus usos y costumbres, lenguaje y formas de vida dentro de sus comunidades de origen.

Hay ejemplos como es el caso de otras minorías en los estados y ciudades de México como en el caso de Monterrey, Nuevo León en donde entre 2000 y 2010 fue el estado de la república con mayor crecimiento de población indígena (Wright y Aguirre, 2018), en donde se ha llegado a la conclusión de que la falta de conocimiento de la ley de los derechos indígenas dentro de las administraciones municipales, obstaculiza la representación política y el ejercicio de la libre determinación, aumentando la discriminación institucional y amplía la brecha de dar a conocer nuevos derechos (Rodríguez- Alejandro et al., 2021). Por otra parte ellos establecen que el “reconocimiento jurídico de esas comunidades no acabó con las problemáticas político-sociales a las que se enfrentan. Elementos como la libre determinación y la representación política, en un contexto migratorio, continúan obstaculizados por fenómenos político-sociales como la discriminación institucional y las brechas de implementación generadas por las prácticas cotidianas opuestas a lo estipulado en los marcos legales mexicanos”.

En Sinaloa García-Ontiveros (2019) concluye que “la regulación parcial de las leyes locales en materia indígena y el desconocimiento de sus derechos político-electorales, son factores que influyen para que los grupos étnicos no participen en la vida pública en la entidad federativa”.

3. Conclusiones

Las minoría de las minorías indígenas representadas en el caso de estudio de las universidades interculturales y en particular la universidad Autónoma Indígena de México en Sinaloa, representan un claro ejemplo de la falta de inclusión política y de innovación de leyes que permitan su participación en la toma de decisiones en sus pueblos de origen, apegados a su cosmovisión y evitar la participación de este sector vulnerable y marginado de estudiantes y egresados y en general población indígena migrante que por diferentes razones se desplazan a ciudades y comunidades fuera de su origen y de sus usos y costumbre étnicas, sociales y culturales. Con la finalidad de que se de en estos grupos una plena democracia y participación política no afuera o relacionado con los mestizos sino principalmente en sus pueblos y así como también su participación política en las elecciones populares incrementado su participación en la toma de decisiones en los diferentes divisiones de poder como es el ejecutivo y legislativo o en participación local en sus municipios como regidores. De esta manera se estará poniendo atención a esta minoría de minorías en los aspectos políticos electorales, así como buscar mecanismos para evitar la discriminación institucional y reducir las brechas de implementación generadas por prácticas cotidianas que se oponen a lo que establecen los marcos legales en Sinaloa y México.