EL BURNOUT PARENTAL Y EL ESTADO DE BIENESTAR LIBERAL-RESIDUAL: EXPERIENCIA NEOLIBERAL CHILENA DESDE EL MODELO FAMILIARISTA
PARENTAL BURNOUT AND THE RESIDUAL LIBERAL WELFARE STATE: THE CHILEAN NEOLIBERAL EXPERIENCE FROM THE FAMILY-CENTRIC MODEL
Thiare Padilla Fernández tpadillaf@santotomas.cl
Universidad Santo Tomás, Chile.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7598-2497
Marcela García-Huidobro Díaz marcelagarciahuidob@santotomas.cl
Universidad Santo Tomás, Chile.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6671-268X
Nelson Valdés-Sánchez nvaldes7@santotomas.cl
Universidad Santo Tomás, Chile.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9583-2667
Pamela Caro Molina pamelacaro1@santotomas.cl
Universidad Santo Tomás, Chile.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8177-9295
Cómo citar este artículo / Citation: Padilla, T., García-Huidobro, M., Valdés-Sánchez, N. & Caro, P. (2026). El burnout parental y el estado de bienestar liberal-residual: experiencia neoliberal chilena desde el modelo familiarista. Revista Científica Arbitrada de la Fundación MenteClara, Vol. 11 (439). DOI: https://doi.org/10.32351/rca.v11.439
Copyright: © 2026 RCAFMC. Este artículo de acceso abierto es distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). Recibido: 11/09/2026. Aceptado: 14/09/2026. Publicación online: 21/09/2026.
Conflicto de intereses: Ninguno que declarar.
Resumen
El burnout parental constituye un problema de salud mental de creciente relevancia en Chile, país que registra la mayor prevalencia de América Latina y cuyas cifras aumentaron de 3,9% a 8,5% tras la pandemia por COVID-19, superando el incremento mundial. Pese a ello, el fenómeno suele interpretarse como una falla individual de madres y padres, desatendiendo sus determinantes estructurales. Este ensayo se propone analizar cómo el carácter familiarista y liberal-residual del Estado de bienestar chileno se relaciona con el agotamiento parental. Para ello se realizó un análisis documental y crítico de tres programas de política pública dirigidos al cuidado infantil, Chile Crece Más, la oferta de educación parvularia de JUNJI y Fundación Integra, y el programa Habilidades para la Vida de JUNAEB y de la reciente Ley N° 21.805, que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. El análisis articula las categorías de régimen de bienestar, desmercantilización y desfamiliarización con el modelo de balance entre riesgos y recursos propio de la literatura sobre burnout parental. Se discute la manera en que la oferta pública termina operando asimétricamente, condicionando los recursos de apoyo a la acreditación certificada de vulnerabilidad, mientras eleva las demandas normativas sobre el desempeño parental sin redistribuir la carga material del cuidado, reinscribiendo además a la mujer como principal cuidadora por defecto. La Ley Chile Cuida representa un desplazamiento normativo relevante, aunque instala una desfamiliarización condicionada. Se concluye que el burnout parental debe comprenderse como un efecto estructural del régimen de bienestar, lo que exige despsicologizarlo y repolitizarlo.
Abstract
Parental burnout is a mental health problem of growing relevance in Chile, the Latin American country reporting the highest prevalence, where figures rose from 3.9% to 8.5% following the COVID-19 pandemic, well above the global increase. Despite this, the phenomenon is usually interpreted as an individual failure of mothers and fathers, overlooking its structural determinants. This essay analyzes how the familialist and residual-liberal character of the Chilean welfare state relates to parental burnout. To this end, a critical documentary analysis was conducted of three public policy programs addressing childcare —Chile Crece Más, the early childhood education provision of JUNJI and Fundación Integra, and JUNAEB's Habilidades para la Vida program— together with the recently enacted Law No. 21,805, which creates the National System of Support and Care. The analysis articulates the categories of welfare regime, decommodification and defamilialization with the balance between risks and resources model developed within the parental burnout literature. The discussion focuses on how public funding ends up operating asymmetrically, making support resources contingent on certified vulnerability accreditation, while raising normative demands on parental performance without redistributing the material burden of care, and further reinscribing women as default caregivers. The Chile Cuida Law represents a significant normative shift, yet it institutes a conditional defamilialization. It is concluded that parental burnout should be understood as a structural effect of the welfare regime, which calls for depsychologizing and repoliticizing the way it is addressed.
Palabras Claves: burnout parental; régimen de bienestar; familiarismo; desfamiliarización; políticas públicas de cuidado
Keywords: parental burnout; welfare regime; familialism; defamilialization; care policies
Introducción
El agotamiento es un estado de extrema fatiga física y mental que surge como consecuencia de situaciones prolongadas de intenso estrés, la falta de descanso o el exceso de trabajo. La presión por cumplir con las expectativas en un mundo acelerado y lleno de estímulos ha terminado impactando negativamente la vida laboral, pero también las dinámicas familiares. La crianza es en sí misma una actividad compleja y estresante, ya que el rol parental no sólo exige estar siempre disponibles para poder ofrecer un cuidado de alta calidad, sino que además se suman otras variables que aumentan más esta vulnerabilidad: cuando existe un solo progenitor responsable de la crianza, el número de hijas(os), la edad de las madres y los padres, el padecimiento de una enfermedad crónica por parte de alguno de los progenitores, condiciones de estrés laboral excesivo y sostenido, problemáticas de salud mental previas o existentes sin tratamiento, cuidar a un niño o niña con una enfermedad, y la falta de apoyo externo (Yakupova y Suarez, 2023).
El burnout o agotamiento parental se ha estudiado durante los últimos años como un problema social que resulta relevante para la salud mental de madres y padres como una consecuencia de las altas expectativas y la poca energía en la crianza. En otras palabras, cuando las demandas asociadas a la crianza superan de manera sostenida los recursos disponibles para afrontarlas, se produce un estado de estrés crónico asociado al ejercicio de la parentalidad (Mikolajczak y Roskam, 2018) que, a diferencia del estrés cotidiano, termina afectando significativamente el bienestar de las personas que ejercen el cuidado a través de cuatro manifestaciones centrales: a) una sensación persistente de cansancio o agotamiento emocional relacionado con el rol parental, debido a que se ha alcanzado el límite de sus capacidades para cuidar; b) aparece un distanciamiento emocional respecto de las hijas y los hijos caracterizado por una disminución progresiva de la implicación afectiva y de las interacciones significativas, manteniendo principalmente las tareas de cuidado más instrumentales; c) se empieza a experimentar un hastío o pérdida de satisfacción con la parentalidad, lo que se traduce en una disminución del placer y del sentido asociado al rol parental; y d) se observa un contraste con la figura parental previa, donde las personas perciben una brecha entre la madre y el padre que eran antes y quien sienten ser actualmente, intensificando sentimientos de culpa, fracaso y vergüenza (Roskam et al., 2018; Saadati et al., 2024).
El interés por estudiar las consecuencias del burnout parental se incrementó después de la pandemia por COVID-19, puesto que durante el periodo de confinamiento se hicieron visibles muchas de las dificultades y el sufrimiento asociado a la crianza en contextos de alta exigencia. Uno de los primeros estudios realizados en este contexto de emergencia sanitaria, a nivel mundial acerca del burnout parental consideró la experiencia de 17,409 participantes (12,364 madres y 5,045 padres) provenientes de 42 países, que determinó la existencia de niveles elevados de burnout parental en las sociedades más individualistas, siendo esta variable un factor significativamente predictivo del agotamiento parental, en comparación con variables sociodemográficas, la carga de trabajo de las madres y los padres junto con desigualdades económicas existentes entre países. En este mismo estudio, Chile apareció como el país latinoamericano con mayor prevalencia de burnout parental (3.9) en comparación con Argentina (1.1), Brasil (1.3), Colombia (1.1), Costa Rica (2.0), Ecuador (1.4), Perú (1.3) y Uruguay (0.3), estando incluso más cerca de la prevalencia de países como Rumania (3.8), España (3.4), Suiza (4.8), Finlandia (4.9) y Rusia (5.3) (Roskam et al., 2021).
Posterior a la pandemia, la prevalencia del burnout parental aumentó en Chile de un 3.9% a un 8.5%, siendo esta una cifra muy superior al incremento observado a nivel mundial, que fue de un 4.2% a un 5.8% (Escobar et al., 2025). Otros estudios realizados a nivel nacional mostraron que fueron las madres quienes presentaron mayores niveles de agotamiento parental, en comparación con los padres, siendo esta una situación asociada directamente a la distribución desigual de las responsabilidades de cuidado y a las características socioculturales de la crianza en el país (Pérez-Díaz & Oyarce, 2020; Santelices et al., 2022;), sobre todo considerando que en Chile existe un aumento significativo de las familias monoparentales (Lázaro et al., 2007), que refleja hasta cierto punto cambios como mujeres y hombres se posicionan frente al fenómeno social primario que es la familia.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1979 la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la que fue ratificada por el Estado chileno en 1989, siendo este uno de los primeros pasos en visibilizar la responsabilidad compartida de las madres y los padres en los diferentes aspectos relacionados con la educación de sus hijas e hijos, y que no debía ser bajo ningún motivo una función única de la mujer, puesto que se trataría de una responsabilidad basada en estereotipos (Romero Navarro, 2009). Se suma a esto, la Convención sobre los Derechos del Niño (y de la Niña) que fue suscrita y promulgada mediante Decreto Supremo por Chile en 1990, que establece las obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza, desarrollo y educación de niñas y niños, como una preocupación fundamental de las madres y padres, basados en un reparto equitativo de los derechos y deberes de ambos (Corral Talciani, 2005). Finalmente, en el 2013 se promulga y publica la ley 20.680 que establece la corresponsabilidad parental como un principio fundamental que guía el actuar de madres y padres, sea cual sea su situación convivencial, explicitando que ambos deberán participar activa, equitativa y permanentemente en la crianza de sus hijas e hijos (Acuña, 2013; Lathrop Gómez, 2008).
Estos antecedentes posicionan al burnout parental como un fenómeno de alta relevancia social especialmente en el contexto chileno, donde su creciente prevalencia plantea importantes desafíos para la comprensión y el apoyo a las familias.
Desarrollo y Análisis
El burnout parental es un fenómeno psicológico, relacional y social que se despliega en un contexto marcado por grandes transformaciones estructurales. En el caso de Chile, la acelerada modernización experimentada durante los últimos 30 años ha terminado generando importantes tensiones familiares, caracterizadas, entre otros aspectos, por la sobrecarga laboral y una menor percepción, por parte de las familias, de apoyo social y comunitario en las labores de cuidado (Bosch et al., 2020). Esta situación resulta especialmente relevante si se considera que dicho proceso de modernización ha venido acompañado de un retroceso global del Estado como agente asegurador de derechos sociales que, junto con una creciente centralidad del mercado, ha producido una carga extraordinaria para las personas y las familias en lo que respecta a su conservación del bienestar (Bauman, 2022).
En la misma línea, el concepto de régimen de bienestar permite comprender de qué manera el Estado, el mercado, la familia, las ONG, las comunidades y otros actores alternativos se combinan para producir bienestar en la sociedad como resultado de la organización y la repartición de la producción y el cuidado (Marcel y Rivera, 2008, como se citó en Cruz-Martínez et al., 2024)
El estudio de los regímenes de bienestar ha sido influido de manera importante, por los aportes de Esping-Andersen (1990) quien desarrolló una clasificación tripartita del Estado: liberal, conservador-corporativista y social demócrata. El Estado de bienestar liberal, se caracteriza por las ayudas focalizadas, las transferencias universales austeras y los planes de seguridad social modestos, cuyos beneficios del Estado suelen dirigirse principalmente a personas que perciben bajos ingresos. El Estado de bienestar conservador, conlleva naciones altamente corporativistas, es decir, sociedades organizadas en gremios que priorizaron la capacidad de las familias para sostener a sus integrantes. Por lo tanto, en este tipo de régimen el aparato estatal interviene de forma subsidiaria cuando se agota la capacidad de dichas organizaciones. Finalmente, el tercer régimen se define como socialdemócrata, debido a la influencia de esta corriente política en un modelo de Estado social que promueve la igualdad hacia niveles más altos de bienestar, en contraste con la igualdad basada en la satisfacción de necesidades mínimas (Esping-Andersen 1990 en Abud et al, 2023).
Los distintos regímenes se distinguen entre sí de acuerdo con la distribución de responsabilidades que tiene el Estado, el mercado y la familia en la satisfacción de los riesgos sociales. Al analizar cómo los Estados de bienestar median estas relaciones, resulta atingente considerar además las nociones de desmercantilización y desfamiliarización. Por un lado, la desmercantilización se refiere al grado en que una persona o familia puede mantener un nivel de vida socialmente aceptable, sin que esto se encuentre vinculado a su situación laboral. En este caso, el Estado de bienestar debilita los vínculos monetarios al garantizar los derechos de las personas, independiente de su participación en el mercado. Por otro lado, la desfamiliarización hace alusión al grado en que las políticas sociales reducen la dependencia de las personas hacia sus familias como proveedoras de bienestar y cuidado. De acuerdo con este concepto, el acceso a beneficios sociales o recursos económicos es independiente de las proximidades familiares o conyugales (Sunkel, 2006).
En Latinoamérica suelen predominar Estados de bienestar más híbridos, proponiendo de esta manera, nuevas categorías para lograr describir las transformaciones recientes de la protección social en la región. Se sabe que en la mayoría de los países latinoamericanos en la última década aumentó la cobertura de programas sociales y el gasto de beneficios, sin embargo, esto no logró reducir significativamente las desigualdades estructurales (Ubasart- González & Minteguiaga, 2017).
En el caso particular de Chile, es posible clasificarlo como un Estado con un régimen de bienestar liberal, que prioriza la individualización de los riesgos, la mínima desmercantilización y el familiarismo implícito (Sunkel, 2006). El Estado chileno a su vez, presenta un carácter residual que implica que el Estado sólo interviene de manera significativa en situaciones de emergencia o crisis, dejando a otros actores sociales como la familia o las organizaciones comunitarias como principales responsables de responder a sus propias necesidades sociales (Barba & Cohen 2011). Así mismo, el Estado chileno presenta un carácter dual que establece que el Estado no asegure el bienestar de manera equitativa para todas las personas, por lo que la protección social emerge como un elemento fragmentado e insuficiente. Por lo tanto, en lugar de garantizar derechos universales para toda la población, el Estado funciona como un mediador que otorga distintos niveles de ciudadanía social dependiendo de la inserción laboral de cada persona (Barba, 2018).
Este carácter residual y dual del Estado chileno ha conllevado a una crisis de los cuidados, debido a que el Estado suele responder la mayoría de las veces de manera tardía y reactiva a las necesidades que tienen las personas y las familias, al mismo tiempo que el mercado invisibiliza esta dimensión central en la reproducción social (Villagómez Ornelas, 2026).
Si se analizan las nociones de familiarismo y mercantilización, junto con el carácter residual y dual del Estado, se convierten en sí mismas en aspectos que resultan fundamentales a la hora de pretender una comprensión integral del burnout parental, justamente porque este fenómeno es consecuencia de una crisis de cuidado. Y si a esto se le suma que esta problemática suele recaer centralmente en las mujeres (Araya-Rojas et al., 2024), resulta imprescindible comprender las formas en que estas diferencias de género conllevan a aumentar las problemáticas en salud mental en ellas, y por ende, también a una afectación directa o indirecta del bienestar de niñas y niños a cargo de sus cuidados.
En este sentido, la Economía Feminista coloca el énfasis en la necesidad de incorporar las relaciones de género como una variable supremamente relevante en la ecuación que permite explicar el funcionamiento de la economía, marcando claramente las diferencias en las que se posicionan las mujeres y los hombres como agentes económicos y sujetos de las políticas sociales. Por un lado, como categoría analítica supone tomar en cuenta el conjunto de relaciones de poder entre los géneros; mientras que, por otro lado, en el contexto histórico del capitalismo, permite visibilizar mecanismos heteropatriarcales que suelen entronizar a los hombres como grupo privilegiado, y que devalúan cultural, simbólica y económicamente a todo aquello que se salga de los imperativos heteronormados (Muñoz, 2022). Por lo tanto, desde este punto de vista, las políticas que buscan desfamiliarizar el trabajo de cuidado atribuido mayoritariamente a las mujeres, deben plantearse de tal manera que trasciendan el enclave doméstico-familiar y formen parte de un asunto político estatal (Fernández & Agüero, 2018).
En resumen, y teniendo como base todos los argumentos planteados anteriormente, es posible afirmar que el Estado chileno tiende a delegar los cuidados en las mujeres y en la familia, y que su acción queda circunscrita a las lógicas del mercado, reservando la intervención estatal generalmente para situaciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, la pregunta que guía el análisis de este ensayo es: ¿Cómo se relaciona, desde la literatura, el carácter familiarista y liberal-residual del Estado de bienestar en la experiencia neoliberal chilena con el fenómeno del burnout parental?
Para responder a esta pregunta, se revisarán y analizarán tres de los programas más relevantes y una ley de política pública chilena que abordan los cuidados familiares, principalmente en el ámbito de la infancia.
Programa Chile Crece Más
Se trata de un programa que forma parte del Subsistema de Protección Integral a la Infancia, materializado en el año 2006 por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia e institucionalizado posteriormente mediante la Ley N° 20.379 del año 2009, que crea el sistema intersectorial de protección social. Este programa, que inicialmente se llamó Chile Crece Contigo y que actualmente se denomina Chile Crece Más, se constituye como el primer proyecto intersectorial del Estado chileno en materia de infancia, con el objetivo de acompañar el proceso de desarrollo de niñas, niños y adolescentes que reciben algún tipo de atención en el sistema público de salud, colocando el foco en la detección temprana de problemáticas en el desarrollo. Su cobertura, que en el diseño original abarcaba desde el primer control de gestación hasta el ingreso al sistema escolar, fue ampliándose de manera progresiva hasta alcanzar en la actualidad a niñas, niños y adolescentes desde la gestación y hasta que cumplen los 18 años (ChileAtiende, 2026), en articulación con la Ley N° 21.430 del año 2022, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.
Este programa es coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y la Fundación Integra, con el propósito de que niñas, niños y sus respectivas familias alcancen su máximo potencial de desarrollo (González-Burboa et al., 2017). Para ello, ofrece distintos servicios de apoyo, tales como: Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial, Apoyo al Recién Nacido, Ayudas Técnicas para la Niñez, Apoyo Educativo, Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil (FIADI), Apoyo a la Salud Mental Infantil, etc., los cuales combinan una cobertura universal con prestaciones focalizadas en aquellos segmentos de la población que presentan una mayor vulnerabilidad.
Desde una perspectiva analítica, el programa Chile Crece Más representa un esfuerzo relevante del Estado chileno por acompañar el desarrollo en la primera infancia al detectar tempranamente problemáticas que pueden llegar a convertirse en problemas en salud mental posteriormente, promoviendo además estilos parentales de crianza que suponen un apego seguro y funciones reflexivas por parte de las personas que ofrecen los cuidados, de manera de contribuir a una mayor autorregulación emocional por parte de las niñas y niños (Olhaberry y Sieverson, 2022). Sin embargo, desde un análisis de los componentes del Estado, la manera como está diseñado este programa reproduce una lógica residual, ya que su despliegue a través del sistema público de salud implica que una proporción significativa de las familias chilenas termina quedando fuera de esta cobertura, mientras que el acceso a las prestaciones garantizadas y preferentes queda supeditado a la inscripción en el Registro Social de Hogares (ChileAtiende, 2026), vale decir, a la acreditación previa de una determinada condición socioeconómica. A ello se suma una consideración que la propia ampliación de la cobertura vuelve más evidente: el hecho de que el subsistema acompañe hoy la trayectoria de niñas, niños y adolescentes hasta los 18 años no significa que el Estado asuma una porción mayor de la carga material del cuidado, sino que extiende en el tiempo una presencia orientadora y de detección. Dicho de otro modo, lo que se prolonga no es el relevo de las tareas cotidianas de cuidado, sino el acompañamiento supervisado del desarrollo infantil, permaneciendo la ejecución concreta de ese cuidado exactamente en el mismo lugar en el que estaba.
De acuerdo con Vera Rojas et al. (2018) el programa Chile Crece Más se constituye y enmarca dentro de una forma de familiarismo opcional, vale decir, se ofrecen apoyos parciales por parte del Estado, sin embargo, la responsabilidad de los cuidados sigue siendo familiar. El Estado acompaña y orienta a las familias, pero no contribuye a redistribuir la carga de los cuidados, sino más bien busca facilitar la participación laboral de la mujer dentro de los parámetros del modelo económico. En términos de Muñoz Rojas (2018), el cuidado cotidiano de niñas y niños sigue siendo parte de ese espacio doméstico históricamente invisible que el Estado no integra en sus análisis económicos ni políticos, y cuya sostenibilidad continúa recayendo, de manera silenciosa, sobre las mujeres de las familias chilenas, siendo esto un elemento estructural de riesgo para que se produzca el fenómeno de burnout parental.
Programa JUNJI y Fundación Integra
Los establecimientos educacionales gratuitos administrados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y por la Fundación Integra constituyen la principal oferta pública de educación parvularia en Chile y benefician prioritariamente a la población en situación de vulnerabilidad social. Ambas instituciones operan bajo dos modalidades: establecimientos de administración directa y establecimientos administrados por terceros (Municipalidades, Servicios Locales de Educación Pública o entidades privadas sin fines de lucro) que funcionan Vía Transferencia de Fondos (VTF) en el caso de JUNJI y mediante convenios de administración delegada en el caso de Integra. En conjunto, ambas redes superan los 4,000 establecimientos a nivel nacional (Subsecretaría de Educación Parvularia, 2020), de los cuales más de 1,200 corresponden a salas cuna y jardines infantiles de Fundación Integra (Fundación Integra, 2024). En términos de cobertura, y de acuerdo con los datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación, JUNJI concentraba el 70.6% de la matrícula del nivel sala cuna y el 45,9% del nivel medio, mientras que Fundación Integra atendía al 28.8% y al 23.3% de esos mismos niveles, respectivamente (Acción Educar, 2024).
JUNJI organiza su oferta en nivel sala cuna (0 a 2 años), nivel medio (2 a 4 años) y nivel de transición (4 a 6 años), mientras que Fundación Integra estructura sus niveles desde sala cuna menor hasta nivel medio mayor, admitiendo postulaciones de niñas y niños desde los 85 días hasta los 4 años, 11 meses y 29 días (ChileAtiende, 2026). Ambas instituciones ofrecen además servicios de apoyo para niñas y niños que presentan necesidades educativas especiales, así como talleres de capacitación para madres, padres y otras personas en el rol de apoderadas y apoderados, y proporcionan alimentación durante la jornada. El acceso se determina mediante el Registro Social de Hogares, priorizando a las familias del primer quintil de ingresos, a las madres trabajadoras y estudiantes, a las madres con el rol de jefas de hogar, a las familias con algún integrante en situación de discapacidad y a quienes residen en sectores rurales o de difícil acceso (ChileAtiende, 2026).
Es posible identificar que el acceso a salas cuna y jardines infantiles públicos constituye, en teoría, uno de los mecanismos más potentes para desfamiliarizar el cuidado en la primera infancia, liberando parcialmente a las madres y padres de la responsabilidad exclusiva de los cuidados durante sus horas de trabajo. Sin embargo, los criterios de ingreso nuevamente evidencian límites estructurales del modelo. Como señala Cubillos Celis (2019), la focalización en Chile opera como una inflexión neoliberal que termina legitimando las desigualdades percibidas como aceptables, de modo que se termina normalizando que queden fuera de las coberturas de este programa todas aquellas personas o familias que no califican como vulnerables, asumiendo que cuentan con los medios para poder costear los cuidados en jardines privados, cuando muchas veces la realidad está lejos de ser así.
Por lo tanto, en la práctica, se termina extendiendo la jornada de cuidado en el hogar por parte de las madres o recurriendo a las redes informales de apoyo familiar, lo que varios autores identifican como uno de los rasgos más persistentes del familiarismo latinoamericano (Vera Rojas et al., 2018). A ello se suma una desigualdad interna relevante que fragmenta el propio sistema público. De acuerdo con un estudio del Banco Mundial citado por Cortés (2026), en un jardín infantil que atiende cerca de cien párvulos el financiamiento estatal alcanza los $429,942 por niña o niño en establecimientos JUNJI de administración directa y los $402,887 en Fundación Integra, mientras que en los establecimientos VTF ese aporte desciende a $250,647, lo que representa entre un 37% y un 41% menos de inversión estatal para niñas y niños con necesidades equivalentes. La distribución agregada refuerza esta asimetría, ya que los jardines JUNJI de administración directa atienden el 27% de la matrícula y reciben el 43% del presupuesto, en tanto los establecimientos VTF atienden al 38% de las niñas y niños con solo el 26% de los recursos (Cortés, 2026).
Nuevamente, esta fragmentación de la oferta no redistribuye la carga parental de manera equitativa, sino que produce calidades diferenciadas de cuidado según el origen social de niñas y niños, perpetuando la reproducción de una lógica residual en la que el Estado interviene sólo en aquellas situaciones en las que exista una necesidad que pueda ser demostrable y certificable, en lugar de asumir los cuidados como un derecho universal (Durán Toledo, 2023).
Programa Habilidades para la Vida (HPV) y JUNAEB
Este último programa se ofrece como una forma de intervención psicosocial desde 1998 con el objetivo de acompañar a las y los estudiantes desde prekínder hasta cuarto medio en contextos educativos con financiamiento público de Dependencia Municipal o de Servicio Local de Educación, así como en establecimientos particulares subvencionados priorizados y adscritos al programa (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, 2026). Busca promover y fortalecer el desarrollo de competencias socioemocionales y el bienestar escolar a través de distintas intervenciones de promoción, detección y prevención del riesgo psicosocial, siendo esto un aspecto relevante en materia de salud mental escolar, cuya cobertura se considera significativa.
Este programa coloca el foco de intervención en las niñas y niños en tanto sean estudiantes, por lo que su relación con las familias es muy periférica, limitándose a la realización de talleres y reuniones de apoderados, sin que exista un componente orientado a reconocer, y mucho menos a aliviar la sobrecarga de cuidados de madres y padres. Esto resulta sintomático de una forma de concebir el bienestar infantil que separa a niñas y niños de su contexto de cuidado doméstico. Muñoz Rojas (2018) plantea que los cuidados cotidianos son actividades que deberían garantizar el bienestar de las personas, pero forma parte de una arquitectura de protección social que muchas veces no es reconocida. En este caso, el Estado llega a las niñas y niños a través del sistema escolar, pero no logra llegar a la familia como espacio de producción de cuidados. Por lo tanto, en términos de Esping-Andersen (1990, citado en Vera Rojas et al., 2018), la familia sigue siendo una esfera que el Estado complementa marginalmente desde afuera, sin detenerse a cuestionar realmente su rol central, ni asegurar los mecanismos que permitan redistribuir la sobrecarga de cuidados de manera equitativa. Desde la lógica de Cubillos Celis (2019), la tecnocratización de las políticas sociales se expresa aquí en intervenciones medibles y acotadas al espacio escolar, que dejan sin política pública al hogar, siendo este el territorio más exigente del cuidado.
Ley Chile Cuida y el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados
El escenario descrito hasta aquí se modifica de manera sustantiva con la promulgación de la reciente Ley N° 21.805, publicada en el Diario Oficial el 16 de febrero de 2026, que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC), conocido como Chile Cuida. Se trata del primer instrumento legal chileno que nombra el cuidado como un derecho social y lo incorpora de manera estructural a la arquitectura de la protección social del país, en lo que el propio Estado ha denominado un cuarto pilar que se suma a la salud, la educación y la seguridad social. Esta ley reconoce el cuidado en su triple dimensión, esto es, el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, y establece como titulares no solamente a niñas, niños y adolescentes, a personas con discapacidad, a personas mayores y a personas en situación de dependencia, sino que, además y por primera vez en la historia de la política social chilena, a las personas cuidadoras, sean éstas remuneradas o no. A esto se agrega el reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerado mediante instrumentos de medición del uso del tiempo, la creación de la Credencial de Persona Cuidadora y la instalación progresiva de una red de centros comunitarios de cuidados con presencia en todas las regiones del país.
Desde una perspectiva analítica, esta ley representa un desplazamiento normativo real respecto de todo lo revisado anteriormente, puesto que por primera vez el Estado chileno enuncia la corresponsabilidad social y de género como principio rector, desnaturaliza de manera explícita la feminización del cuidado y traslada esta dimensión desde el ámbito privado y familiar hacia el campo de los derechos sociales y de la responsabilidad pública. Esto no resulta menor y obliga a matizar cualquier lectura que suponga una inercia familiarista absoluta del Estado chileno.
Sin embargo, la propia arquitectura de la ley termina reintroduciendo las dos lógicas identificadas en los programas anteriores. El artículo 1 establece que, si bien el derecho al cuidado reconoce a todas las personas, su garantía operará de manera gradual y progresiva, y quedará circunscrita a quienes en atención a su situación de dependencia o por no haber alcanzado su plena autonomía, requieran recibir cuidados, así como a las personas cuidadoras (Ley N° 21.805, 2026). En otras palabras, la universalidad opera en el plano del reconocimiento, mientras que la focalización sigue operando en el plano de la garantía efectiva. A esto se suma que la finalidad declarada del Sistema, orientada a promover la autonomía, la autovalencia y la vida independiente y a prevenir la dependencia, proviene de un marco conceptual construido desde el campo de la discapacidad y del envejecimiento, y no desde la parentalidad. La crianza cotidiana de niñas y niños que no presentan condiciones de salud particulares queda así situada en una zona ambigua, reconocida en abstracto como cuidado, pero difícilmente traducible en un tipo de prestación concreta. Finalmente, resulta significativo que el instrumento destinado a materializar el reconocimiento de la persona cuidadora, la Credencial, se encuentre vinculado al Registro Social de Hogares, de modo tal que el mecanismo mismo de reconocimiento vuelve a canalizarse a través del dispositivo histórico de focalización socioeconómica del Estado chileno.
Por lo tanto, en términos de Vera Rojas et al. (2018), Chile Cuida no cancela el familiarismo opcional, sino que instala lo que podría denominarse una desfamiliarización condicionada, en la que el Estado deja de suponer que la familia debe resolverlo todo por sí sola, pero condiciona su intervención a la acreditación previa de una situación de dependencia. La crisis de los cuidados que describe Villagómez Ornelas (2026) encuentra aquí una respuesta institucional de fondo, aunque todavía subordinada, en su implementación concreta a los criterios de certificación de la necesidad que Cubillos Celis (2019) identifica como la inflexión neoliberal característica de la política social chilena.
Conclusión: del régimen de los cuidados al Burnout Parental
Leídos en conjunto, los tres programas y la ley de cuidados permiten reconstruir el mecanismo mediante el cual una determinada configuración institucional termina traduciéndose en una experiencia subjetiva de agotamiento. El burnout parental ha sido conceptualizado como el resultado de un desequilibrio crónico entre las demandas asociadas al ejercicio de la parentalidad y los recursos disponibles para afrontarlas (Mikolajczak y Roskam, 2018). Si se adopta este modelo como clave de lectura, la oferta pública chilena puede analizarse precisamente como una arquitectura que interviene de manera asimétrica sobre ambos términos de esa ecuación.
Por el lado de los recursos, la revisión realizada muestra que el único dispositivo que efectivamente libera tiempo parental, esto es, el acceso a salas cuna y jardines infantiles administrados por JUNJI e Integra, opera bajo criterios de focalización que dejan fuera a amplias franjas de la población, obligándolas a resolver el cuidado en el mercado o a través de redes informales de apoyo familiar. Chile Crece Más despliega su cobertura por la vía del sistema público de salud y del Registro Social de Hogares, mientras que, Habilidades para la Vida circunscribe su intervención al espacio escolar, y Chile Cuida condiciona la garantía efectiva del derecho a la acreditación de una situación de dependencia. En todos los casos el recurso institucional existe, pero se encuentra condicionado, y un recurso condicionado no opera como un recurso disponible desde el punto de vista de quien sostiene el cuidado cotidianamente.
Por el lado de las demandas, en cambio, se observa un movimiento inverso y menos evidente. Chile Crece Más promueve activamente estilos parentales asociados al apego seguro y a la función reflexiva (Olhaberry y Sieverson, 2022), mientras que, Habilidades para la Vida incorpora a madres y padres a través de talleres y reuniones de apoderados. Ambos elevan de manera legítima el estándar normativo de lo que se considera una buena parentalidad, pero lo hacen sin redistribuir simultáneamente la carga material que permitiría sostener ese estándar. El resultado es una intensificación de las expectativas depositadas sobre el rol parental que se superpone a una estructura de soportes fragmentada, situación que permite además matizar el hallazgo de Roskam et al. (2021) respecto del individualismo como principal predictor del agotamiento parental, puesto que en el caso chileno la exigencia de un desempeño parental óptimo no proviene únicamente de una configuración cultural y de habilidades personales, sino que es también producida por la propia política pública, que interpela a madres y padres como responsables reflexivos del desarrollo infantil al mismo tiempo que les ofrece apoyos acotados y previamente certificados.
A esta asimetría se agrega un tercer factor, relativa a la persistencia de la interpelación maternal. Los criterios de acceso a la educación parvularia pública priorizan de manera explícita a las madres trabajadoras, a las madres estudiantes y a las madres jefas de hogar (ChileAtiende, 2026), de modo que la política, en el acto mismo de aliviar la carga, vuelve a inscribir a la mujer como cuidadora por defecto y omite al padre como sujeto de la corresponsabilidad que la Ley N° 20.680 declara desde el año 2013. Se comprende así por qué los estudios nacionales identifican de manera consistente mayores niveles de agotamiento parental en madres que en padres (Santelices et al., 2022; Pérez-Díaz y Oyarce, 2020), lo que no correspondería a una diferencia atribuible a características individuales, sino más bien a un efecto acumulado del diseño institucional.
El burnout parental emerge entonces como la traducción biográfica de esta configuración, en la que confluyen recursos condicionados a la acreditación de una vulnerabilidad, demandas normativas en expansión y una distribución de género que la política pública no logra interrumpir. Cuando las demandas de cuidado se cronifican mientras los apoyos permanecen limitados o condicionados, los mecanismos institucionales requeridos para reconocer y aliviar el agotamiento resultan insuficientes (Ren et al., 2024). Aquello que la literatura psicológica registra como una experiencia de cansancio emocional, distanciamiento afectivo respecto de los hijas e hijos y contraste con la figura parental previa (Roskam et al., 2018) se lee, desde este análisis, como el precio subjetivo de un régimen de bienestar que continúa delegando los cuidados para luego evaluar la calidad de estos.
La salud de las personas responsables del cuidado y del bienestar de niñas y niños termina afectándose significativamente, y así lo ha planteado la Organización Mundial de la Salud: un 50% de los trastornos mentales comienzan en la infancia antes de los 14 años, por lo que la parentalidad basada en el vínculo seguro resulta crucial en la prevención de los problemas de salud mental (Orgilés et al., 2024). Por ende, el burnout parental genera malestar y atenta contra una parentalidad que permita resguardar el desarrollo saludable de las niñas y los niños (Ren et al., 2024).
De acuerdo con la pregunta planteada en este ensayo, es posible concluir que el burnout parental no es un fallo individual de una madre o un padre, por lo que no es viable psicologizar y despolitizar esta problemática, más bien es posible comprenderlo como un fenómeno que se gesta en elementos estructurales del Estado chileno. El carácter residual y familiarista propia del modelo neoliberal propicia la tecnocratización del cuidado familiar donde el Estado intenta resolver los temas sociales mediante criterios de mercado, limitando de contenido político y democrático la discusión sobre cómo deberíamos vivir en bienestar y protegernos colectivamente.
Si bien el Estado chileno ha generado esfuerzos importantes por desarrollar programas de protección en temas de familia e infancia, estos siguen teniendo una lógica liberal-residual al ser focalizados y fragmentados, es decir, sin mirar a la familia desde un punto de vista doméstico, articulado y con una explícita mirada de género, que no sólo sea sensible culturalmente a la realidad de las mujeres, si no que exista una posición activa en incluir la coparentalidad y la equidad de derechos entre mujeres y hombres.
Según lo expuesto, un desafío importante del Estado en materia de familia e infancia es avanzar hacia una universalidad de la política pública que desmercantilice y desfamiliarice el cuidado. Esto implica que el bienestar de las infancias, o el alivio del estrés de una madre o padre no dependa de su nivel de ingresos, sino de su condición de ciudadanas y ciudadanos con derechos al cuidado.
Declaración de Autoría
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Autor/a |
Roles asignados |
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Thiare Padilla Fernández Autora principal / Doctorante |
* Conceptualización - idea central y diseño teórico del ensayo. * Investigación - búsqueda bibliográfica. * Redacción del borrador original y de la primera versión del ensayo. * Revisión crítica del ensayo final - ajustes de contenido y estilo. |
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Marcela García-Huidobro Díaz Co-autora / Doctorante |
* Conceptualización - idea central y diseño teórico del ensayo. * Investigación - búsqueda bibliográfica. * Redacción del borrador original y de la primera versión del ensayo. * Revisión crítica del ensayo final, ajustes de contenido y estilo. |
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Nelson Valdés-Sánchez Coautor / Colaborador |
* Revisión crítica del ensayo final - edición, colaboración en los ajustes de contenido, corrección de estilo y formato final. * Visualización - incluida maquetación y preparación de formato. |
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Pamela Caro Molina Co-autora / Profesora |
* Supervisión y revisión crítica de la primera versión del ensayo.
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Los Autores aprobaron la versión final del manuscrito y asumen responsabilidad por su contenido.
Referencias
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